En defensa de la Ley de Glaciares ante su modificación

"El Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería del Centro de la Provincia de Buenos Aires (CIFICEN), institución que realiza investigación ambiental y promueve el desarrollo sostenible, manifiesta su profundo interés en la preservación de los glaciares argentinos como recurso esencial para la humanidad. No es necesario reiterar la importancia vital del agua para la vida y el progreso humano: el aire y el agua de calidad son prerrequisitos indispensables para cualquier otro recurso natural. Del total de agua del planeta, el 97% es agua salada en los océanos y del 3% restante, cerca del 70%, se encuentra en forma sólida en glaciares, principalmente en la Antártida y Groenlandia. En Argentina, el Inventario Nacional de Glaciares registra 16.968 cuerpos de hielo, con una superficie aproximada de 8.484 km². La superficie que los glaciares cubren como reserva hídrica estratégica no supera el 1% de la superficie cordillerana. Los glaciares no solo almacenan precipitaciones níveas y las liberan durante el deshielo para alimentar ríos y recargar acuíferos, sino que también regulan el ciclo hidrológico y el clima y sostienen ecosistemas y servicios ambientales irremplazables. Por ello, en septiembre de 2010 se promulgó la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y Ambientes Periglaciares, que lejos de impedir el desarrollo económico opera como ordenamiento ambiental del territorio argentino; este ordenamiento representa un instrumento de política y gestión ambiental clave para asegurar la conservación y la protección de un recurso estratégico como lo es el agua Las restricciones que aplica, no son generales ni ilimitadas, están definidas con precisión científica y apuntan exclusivamente a los sitios donde el hielo cumple funciones esenciales para el ciclo del agua. La misma ley crea el Inventario Nacional de Glaciares, que queda a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), un instrumento destinado a identificar, caracterizar y monitorear todas las masas de hielo y las geoformas periglaciares relevantes para garantizar la provisión y la calidad del recurso hídrico. Sin embargo, la propuesta de modificación, que recientemente obtuvo media sanción en el Senado, introduce cambios preocupantes: reduce las superficies protegidas al redefinir las zonas de glaciares y periglaciares, y limita la protección a áreas con “función hídrica comprobable”. Estas definiciones, elaboradas por expertos de un Instituto del CONICET de alto prestigio nacional e internacional, no deberían alterarse por decreto legislativo sin un sólido sustento científico. La iniciativa busca, además, que sean las provincias las que determinen la relevancia de cada glaciar y que se puedan habilitar proyectos mineros en espacios hasta ahora protegidos. Delegar decisiones mayores en las provincias podría exacerbar vulnerabilidades, ya que los aspectos técnico-científicos podrían quedar subordinados a decisiones políticas.
No existe soberanía política ni independencia económica sin soberanía ambiental y tecnológica, y bajo esta visión, los glaciares son bienes de carácter público (es decir, de todos los argentinos) e infraestructuras naturales estratégicas cuyo manejo debe garantizar el patrimonio del agua de las generaciones futuras. Además, cualquier intento de retroceder en la protección del ambiente contradice el principio de no regresión contenido en el Acuerdo de Escazú, que indica que la legislación no puede empeorar la situación del derecho vigente en cuanto a su alcance y amplitud. Por eso, las modificaciones a leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental, como la Ley de Glaciares, que disminuyan los niveles alcanzados, resultan ilegales, inconstitucionales y atentan contra nuestra soberanía. El CIFICEN urge rechazar las modificaciones que debiliten la ley, defendiendo los glaciares como patrimonio hídrico de la humanidad y como base del desarrollo sostenible".